Preguntas Frecuentes
  1. ¿Qué es la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia?

Es una instancia integrada por 10 instituciones del Estado, 4 de sociedad civil y la AMHON creada en 2013 que tiene a su cargo impulsar la formulación de políticas y la adopción de medidas para la prevención del desplazamiento forzado por la violencia, así como la atención, protección y búsqueda de soluciones para las personas desplazadas y sus familiares.

 

  1. ¿Qué es el desplazamiento interno o desplazamiento forzado?

Es una situación de hecho en la que una persona o grupos de personas se ven forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, ya sea porque han sido víctimas de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada y de violaciones de los derechos humanos, o porque quieren evitar los efectos de éstas. Las personas desplazadas internamente son aquellas que han experimentado esas situaciones y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

 

  1. ¿El desplazamiento interno es lo mismo que refugio o migración?

No. Las personas desplazadas internamente son aquellas que se mueven forzosamente al interior del país como medida de protección frente a un riesgo o amenaza contra su vida, integridad física o libertad. Si éstas salen del país en busca en protección internacional en otro Estado, se vuelven refugiadas. Las personas que salen del país eb busca de mejores oportunidades de empleo o por motivos económicos, son migrantes.

 

  1. Si he sido desplazada(o) internamente y salgo del país, ¿qué derechos tengo?

A solicitar la condición de refugiada al momento de llegar a otro país, ante las autoridades migratorias o comisiones de refugio, si existen. También a solicitar orientación del ACNUR y otras organizaciones de derechos humanos presentes en ese país.

 

  1. ¿Cuál ha sido el impacto del desplazamiento interno en Honduras?

En estudio realizado por la CIPPDV se identificó que 174,000 personas se desplazaron internamente entre 2004 y 2014; la mayoría en el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma y La Ceiba.

 

  1. ¿Qué tipo de situaciones pueden generar desplazamiento interno?

Según el informe de caracterización, las situaciones de violencia e inseguridad que obligan a las personas a huir de su hogar tienen que ver con el miedo de vivir en una comunidad insegura, haber sufrido amenazas, asesinatos, lesiones, extorsión, violencia sexual, usurpación y despojo de la vivenda, secuestro, reclutamiento forzoso, trata, discriminación, entre otros.

 

  1. ¿Qué derechos tienen las personas desplazadas internamente?

Gozan de iguales derechos que el resto de ciudadanos y ciudadanas. Pero en particular tienen el derecho a no ser desplazadas; a no ser discriminadas por su situación; a solicitar y recibir asistencia humanitaria y protección; a solicitar y recibir información; a la reunificación familiar; entre otros.

 

  1. ¿A dónde puedo acudir para orientación si creo que soy una persona desplazada internamente?

Por parte del Estado, puede acudir a la Secretaría de Derechos Humanos y a la CIPPDV. Además puede acudir a otras instituciones que no son parte del Estado, como ser el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y las organizaciones de derechos humanos nacionales, o internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, entre otras.

 

  1. Si soy servidor o servidora pública, ¿adónde puedo acudir para informarme o capacitarme sobre desplazamiento interno a causa de la violencia en Honduras?

Puede contactar a la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia.

Internacionales
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cover7Principios Rectores de los desplazamientos internos
Principios de derecho internacional humanitario que determinan los derechos y garantías necesarios para la protección de las personas desplazadas. Reafirman las normas aplicables a los desplazados internos, esclarecen las ambigüedades que puedan existir y tratan de colmar las lagunas identificadas en la compilación y análisis.
Año: 1998
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cover8Informe de Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos acerca de su misión a Honduras
Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Chaloka Beyani, acerca de su misión a Honduras del 23 al 27 de noviembre de 2015, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 32o periodo de sesiones.
Año: 2015
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Nacionales
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Caracterización del desplazamiento interno en HondurasEstudio que proporciona información confiable y consensuada sobre el desplazamiento interno en Honduras para promover el diseño e implementación de una respuesta institucional adecuada.
Año: 2015
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Decreto PCM 053 2013 Decreto Ejecutivo en el que se crea la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia en noviembre de 2013.
Año: 2013
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¿Esconderse o huir? La situación humanitaria y la educación
Estudio del Consejo Noruego para los Refugiados aborda cómo la situación de violencia generalizada afecta de forma especial a niños, niñas y adolescentes en el acceso al derecho de la educación.
Año: 2016
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Documentos de trabajo de la CIPPDV
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Principios para la implementación de políticas sobre desplazamiento forzado por la violencia a nivel local
Documento de trabajo para orientar, con base a principios de descentralización y derechos humanos, a las las autoridades nacionales y locales sobre sus roles y competencias en el marco de implementación de políticas de respuesta al desplazamiento forzado por la violencia en Honduras.
Año: 2016
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cover2Cuantificación de la respuesta básica al desplazamiento forzado por la violencia en Honduras
Documento de trabajo que cuantifica los costos básicos requeridos para atender y proteger a la población desplazada y en riesgo. Éste identifica las necesidades prioritarias y recopila insumos que permitan conocer la capacidad de respuesta institucional actual, así como los requerimientos financieros e institucionales futuros.
Año: 2016
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cover4Plan de trabajo 2017
Matriz que desarrolla 5 objetivos y 11 productos intermedios del Plan de Trabajo 2017.
Año: 2017
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Informe Anual 2016
Informe de actividades, logros y retos de la CIPPDV presentados en la implementación del Plan de Trabajo 2016.
Año: 2017
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La SDHJGD y el ACNUR firman acuerdo para fortalecer la capacidad de respuesta del gobierno frente al desplazamiento forzado por la violencia en Honduras

TEGUCIGALPA, Honduras, 14 de marzo de 2017. CIPPDV. – La Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (SDHJGD) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) firmaron el día de hoy una Carta Local de Entendimiento con la que se formaliza un acuerdo de apoyo mutuo y coordinación conjunta para los próximos dos años para la promoción de marcos nacionales y políticas de prevención del desplazamiento forzado y de protección de personas desplazadas por la violencia o en riesgo de serlo y el fortalecimiento de mecanismos nacionales de protección existentes. Esta Carta se enmarca en el Acuerdo de País firmado entre el Gobierno de Honduras y el ACNUR en Agosto de 2016.

El ACNUR ha brindado desde el 2013 asistencia técnica al Gobierno de Honduras a través de la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por Violencia (CIPPDV). Esta colaboración permitió el desarrollo y publicación de la Caracterización del Desplazamiento Forzado en Honduras en diciembre de 2015, a través de la cual fueron identificadas 174.000 personas desplazadas por violencia en 20 municipios urbanos del país.

foto-firmaA través de la firma de esta Carta el ACNUR y la SDHJGD formalizan su cooperación en el fortalecimiento de la capacidad operativa y técnica de la CIPPDV como ente articulador entre las instituciones gubernamentales y de sociedad civil en el diseño de una respuesta integral al desplazamiento forzado por violencia; el apoyo a la Comisión Jurídica Nacional en la construcción de marcos legales e institucionales y políticas para la respuesta al desplazamiento que incluye el seguimiento a procesos iniciados en 2016 para la cuantificación de los costos básicos de la respuesta y el diseño de protocolos y rutas para brindar asistencia a las personas desplazadas y la actualización del estudio de Caracterización.

La amplia experiencia del ACNUR a nivel global en materia de desplazamiento forzado, sumada a su presencia en zonas del alto riesgo en el país constituye un valor agregado que cotribuye en la capacitación técnica de miembros de la CIPPDV en espacios nacionales y regionales; el desarrollo de misiones al terreno con el fin de conocer las necesidades de protección y los vacíos existentes en la respuesta a la población , y la contratación de personal para proveer asistencia técnica permanente.

Esta Carta también incluye la asistencia técnica del ACNUR en el diseño del procedimiento de medidas de protección colectiva en el marco de la implementación de la Ley de Protección para los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de la justicia; así como el apoyo a la Subsecretaría de Gobernación y Descentralización en la implementación del documento de “Principios básicos para hacer efectiva una política sobre desplazamiento forzado a nivel local” con el que se sentarán las bases de co-responsabilidad y coordinación con autoridades municipales.

“Este acuerdo reitera la alianza que desde el nacimiento de la CIPPDV ha existido entre esta Secretaria y el ACNUR en Honduras. La relación entre las dos instituciones se ha ido robusteciendo en la medida en que nuevos retos han ido apareciendo: la construcción del marco institucional ha requerido un esfuerzo de cuantificación de las necesidades de atención de la población desplazada; la implementación de una política sólida, ha exigido la participación de un número cada vez más amplio de instituciones del Estado, la operativización de la política demanda el fortalecimiento de la relación con los municipios” aseguró Andrés Celis, Jefe de la Oficina Nacional del ACNUR en Honduras.

También mencionó que “todos estos desafíos ha sido positivamente asumidos por la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y se encuentran inmersos en este acuerdo con el que el ACNUR respalda el esfuerzo institucional, reitera su compromiso hacia la población internamente desplazada y resalta la importancia de consolidar un marco institucional lo suficientemente sólido que permita alcanzar una respuesta que sea ajustada al contexto del país y adecuada a las necesidades protección y asistencia de la población desplazada”.

El Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Héctor Ayala, por su parte manifestó que “con este acuerdo, el gobierno de Honduras reafirma la importancia de profundizar las alianzas estratégicas y colaborativas entre todas las partes involucradas para la implementación de respuestas y soluciones en el espíritu de la responsabilidad compartida y la solidaridad internacional… [y que] contar con la experticia del ACNUR da un valor añadido inmenso por su vasta experiencia en materia humanitaria vinculada a situaciones de violencia”.

Con el establecimiento de este canal de coordinación se propiciará la convergencia de los planes de trabajo de ambas instituciones, haciendo énfasis en los derechos de las personas desplazadas internas con necesidades de protección en Honduras.

 

En el marco del proceso de descentralización del Estado, la transferencia progresiva y planificada de funciones, servicios asociados, capacidades y recursos a los municipios tiene como fin lograr que la gestión pública sea más democrática, eficiente, transparente y participativa. Evidencia de esto es la priorización de la descentralización de los sectores de seguridad y protección social. Para el caso, contar con mecanismos de prevención de la violencia, sistemas de alerta de situaciones de inseguridad y de asistencia y protección frente a los impactos de la violencia que sean más cercanos y coherentes a sus contextos sociales, requerirá de esfuerzos importantes de coordinación a todo nivel para garantizar una respuesta oportuna de las estructuras de gobernanza.

En Honduras, las municipalidades son las estructuras básicas territoriales del Estado y el medio inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, por tanto son el ente de alcance más cercano con la población. En el marco de la descentralización y modernización del Estado, se encamina un proceso mediante el cual se transfieren competencias, funciones, capacidades y recursos de forma total o parcial a los municipios a fin de hacer más eficiente, transparente y participativa la gestión pública. Por esta razón, articular la respuesta al desplazamiento forzado por la violencia desde el nivel central con el nivel local es esencial para garantizar su implementación, la prevención del desplazamiento, así como el acceso de la población a los servicios asistencia, protección e inclusión social.

Es evidente que todas las entidades del Estado tienen el deber de atender a la población desplazada según sus competencias. Y cuando todavía no existe claridad sobre las funciones de las instituciones públicas, la autoridad nacional es quien debe esclarecer los criterios mínimos que han de guiar a los entes competentes. A nivel local, el rol de los gobiernos municipales es esencial para asegurar el acceso de la población y una efectiva implementación de los mecanismos de respuesta. Para orientar la respuesta a nivel local, la CIPPDV formuló los siguientes principios:

  1. Responsabilidad
  2. Claridad en los roles y competencias
  3. Subsidiariedad
  4. Complementariedad
  5. Priorización
  6. Fortalecimiento de las capacidades municipales
  7. Institucionalización
  8. Cooperación horizontal
  9. Uso adecuado de la capacidad instalada
  10. Clarificación de la responsabilidad dentro de la institución
  11. Enfoque diferenciado
  12. Equidad
  13. Participación
  14. Información estratégica
  15. Promoción de alianzas
Construcción de una ley para prevenir, atender y proteger a las personas desplazadas internamente

Por invitación del Gobierno de Honduras en noviembre del 2015, el Relator Especial de la Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Chaloka Beyani, visitó el país y sostuvo reuniones con diferentes sectores de la ciudadanía hondureña relacionados con la problemática. Sobre la base de lo que pudo constatar en esa visita, emitió un informe con recomendaciones que fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2016. Dentro de esas recomendaciones se encuentra la construcción e incorporación de medidas jurídicas, políticas e institucionales sobre el desplazamiento a causa de la violencia en la legislación nacional, puesto que un marco legal en la materia permitiría abordar de forma integral el problema, sus causas e impacto, así como el reconocimiento de los derechos y las necesidades de protección de las personas desplazadas. En esta visita el gobierno de Honduras se comprometió a impulsar la elaboración de una ley.

De igual manera, han sido varios los mecanismos regionales y universales de derechos humanos que han recomendado a Honduras la adopción de un marco legal para la atención de población desplazada, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Situación de Derechos Humanos en Honduras de 2015, donde insta al Estado de Honduras a “adoptar legislación específica a nivel nacional para abordar el desplazamiento interno, de conformidad con los Principios Rectores del Desplazamiento Interno”. Así también, la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe anual 2016, recomienda aprobar una política o una ley nacional que sea conforme con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, bajo la coordinación de la CIPPDV.

En 2016, la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización -como ente coordinador de la CIPPDV- inició la formulación del proyecto de ley con la Comisión Jurídica Nacional. Además, se hicieron dos talleres en el que participaron 26 instituciones públicas y organizaciones de sociedad civil, y que contó con la asistencia técnica de la Relatoría de Migraciones de la Organización de Estados Americanos, y el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Como resultado, se incorporaron valiosos insumos que contribuyeron a la formulación del proyecto.

Con ello, a partir de 2017 la SDHJGD inició la construcción del proyecto a partir del análisis de los insumos recopilados en los talleres, de los instrumentos y estándares internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario sobre desplazamiento y de las recomendaciones internacionales en materia. Además, el borrador fue presentado en diversos espacios de trabajo de la CIPPDV con gobiernos locales, instituciones del nivel central y organizaciones de sociedad civil, permitiendo así hacer ajustes e incorporar comentarios. La SDHJGD finalizó el proyecto de Ley para la prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente en agosto de 2017 y lo presentó ante la Secretaría de Coordinación General de Gobierno para iniciar el proceso formal.

En 2018, se realizarán socializaciones, consultas a la población y acciones de incidencia a fin de que éste sea presentado ante el Congreso Nacional como iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos.

 

¿Qué derechos tienen las personas desplazadas internamente?

Las personas desplazadas internamente gozan de iguales derechos que el resto de ciudadanos y ciudadanas. Pero en particular tienen el derecho:

  1. A no ser discriminadas por motivos de género, edad, orientación sexual, identidad de género, origen étnico y cultural, discapacidad, condición social, nacionalidad, idioma, credo religioso, opinión política o filosófica, ni ninguna otra.
  2. A no ser desplazadas.
  3. Libertad de movimiento y circulación. El hecho de haber sido desplazadas no limita el derecho de libertad, ni de salir del país en busca de protección internacional.
  4. A solicitar y recibir protección frente a actos de violencia que atenten contra su vida, integridad física y la de su familia.
  5. A solicitar y recibir asistencia humanitaria de las autoridades y de los agentes humanitarios instalados o no en el país. No serán perseguidas ni castigadas por formular esa solicitud.
  6. Solicitar y recibir información y asistencia jurídica gratuita.
  7. Reunificación familiar cuando por razón del desplazamiento se haya separado el núcleo familiar.
  8. Retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad.
  9. A acceder de manera preferente, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley, a los programas del Estado para lograr su reintegración y restablecimiento socioeconómico.
  10. A la protección jurídica y material de sus bienes.
  11. Expedición inmediata y gratuita de sus documentos de identificación personal.
  12. A la educación y la formación, en condiciones de igualdad para las mujeres y las niñas.
  13. Al trabajo y a participar en actividades económicas.
  14. A participar en el diseño, implementación y seguimiento de los programas, planes o proyectos sobre protección, prevención, atención y asistencia de que trate esta Ley y su reglamento, o los que se formulen en razón de ella.
  15. A ejercer el sufragio y a participar en la dirección de los asuntos públicos.

Conozca más sobre los derechos y otras disposiciones que establecen los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos

¿Quién es una persona desplazada internamente?

Si bien los Principios Rectores de los desplazamientos internos definen el concepto de “persona desplazada internamente”, la CIPPDV tomó a bien establecer una definición de desplazamiento interno que se adaptara al contexto hondureño. La definición fue elaborada de acuerdo a una serie de análisis y estudios doctrinarios y jurídicos, así como de legislación internacional y establece que:

Se considerará desplazamiento interno y tendrá esta calidad toda persona o grupo de personas que se han visto forzadas u obligadas a movilizarse, escapar o huir de su domicilio, residencia o lugar donde realiza sus actividades habituales y que no han cruzado los límites territoriales del Estado, porque su vida, su integridad física, su seguridad, libertad personal y sus bienes han sido vulnerados o se encuentran directamente amenazadas, como resultado o para evitar los efectos de la violencia, inseguridad y criminalidad, y otras violaciones a los derechos humanos (CIPPDV, 2016).


Para conocer más sobre quién es una persona desplazada, vea esta infografía.

Caracterización del desplazamiento interno en Honduras

Ante el panorama de desigualdad vinculado con el impacto de la pobreza, la escasez de oportunidades y la dificultad para satisfacer las necesidades básicas (CIDH, 2015), muchas personas se ven forzadas a salir del país en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida. Pero en las últimas décadas, no solamente están cruzando fronteras y desplazándose al interior del país por los motivos anteriores, sino también por causa de la violencia principalmente a raíz del aumento de la presencia de grupos de crimen organizado transfronterizo, la ruptura del tejido social, actividades criminales como un medio para generar ingresos para estos grupos, el valor geoestratégico de esta región en operaciones de narcotráfico y la actividad de pandillas o “maras” –que han diversificado sus dinámicas al generar ingresos mediante actividades como el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro (HRC, 2016).

Aunque la magnitud total de desplazamiento forzado por la violencia en Honduras sea todavía imperceptible, dada su característica de movimiento “gota a gota”, los primeros datos reflejados en el estudio “Caracterización del desplazamiento interno en Honduras” (CIPPDV, 2015) reflejan que alrededor de 41,000 hogares, más de 174,000 personas fueron desplazadas en 20 de los 298 municipios del país entre 2004 y 2014; lo que equivale al 4% del total estimado de hogares en dichos municipios. El estudio indica que se han presentado periodos de tiempo en los que se han registrado más desplazamientos: entre 2009 y 2013 pasó del 10% al 13% anual, y en 2014 se registró un 20.1% del total de casos registrados en los 10 años del estudio; así también se comienza a registrar el fenómeno en otras ciudades como Tocoa a partir de 2007, y el repunte desde 2007 en El Progreso.

En el 67.9% de los hogares, la persecución y la inseguridad fueron identificados como factores determinantes para el desplazamiento, pero también se identificaron otros motivos como las amenazas, hostigamiento, asesinatos, ataques, extorsiones, violencia sexual y muertes violentas de mujeres. En general, las personas dijeron sentirse inseguras y con miedo, describiendo escenarios y consecuencias similares a las vividas en situaciones de conflicto armado. Aunque casi la mitad de las personas entrevistadas se negaron a identificar a los perpetradores, el 28% responsabilizó a las maras directamente. Sin embargo, el 96% sí señaló que las comunidades donde vivían fueron los lugares de ocurrencia de los incidentes que motivaron el desplazamiento, lo que indica que el desplazamiento urbano se debe en gran medida a la presión ejercida por las maras sobre los habitantes de los barrios en los que tienen presencia. Las áreas más afectadas coinciden con las zonas de mayores índices de homicidios (Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choloma); quienes mayoritariamente se desplazan lo hacen dentro del mismo municipio para mantener sus vínculos familiares y redes sociales. Aunque el desplazamiento forzado afecta a todas las personas de un hogar de manera diferenciada, en sentido amplio es la población joven y los niños quienes son altamente vulnerables, pues se encontró que de esos hogares cerca de 78,000 personas eran menores de edad (CIPPDV, 2015). Otros grupos vulnerables incluyen a transportistas por motivos de extorsiones y amenazas; mujeres, adolescentes y niñas por violencia de género relacionada al reclutamiento forzoso, explotación sexual, trata de personas y violencia sexual tanto por parte de las maras como por cuerpos militares; y a personas LGTBI por violencia de género relacionada a crímenes de odio por la identidad de género y orientación sexual, perpetrada por miembros de maras y agentes policiales (HRC, 2016).

Actualmente, la CIPPDV está en proceso de actualización del estudio de caracterización, el cual espera ser publicado a finales de 2018.

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