En el marco del proceso de descentralización del Estado, la transferencia progresiva y planificada de funciones, servicios asociados, capacidades y recursos a los municipios tiene como fin lograr que la gestión pública sea más democrática, eficiente, transparente y participativa. Evidencia de esto es la priorización de la descentralización de los sectores de seguridad y protección social. Para el caso, contar con mecanismos de prevención de la violencia, sistemas de alerta de situaciones de inseguridad y de asistencia y protección frente a los impactos de la violencia que sean más cercanos y coherentes a sus contextos sociales, requerirá de esfuerzos importantes de coordinación a todo nivel para garantizar una respuesta oportuna de las estructuras de gobernanza.

En Honduras, las municipalidades son las estructuras básicas territoriales del Estado y el medio inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, por tanto son el ente de alcance más cercano con la población. En el marco de la descentralización y modernización del Estado, se encamina un proceso mediante el cual se transfieren competencias, funciones, capacidades y recursos de forma total o parcial a los municipios a fin de hacer más eficiente, transparente y participativa la gestión pública. Por esta razón, articular la respuesta al desplazamiento forzado por la violencia desde el nivel central con el nivel local es esencial para garantizar su implementación, la prevención del desplazamiento, así como el acceso de la población a los servicios asistencia, protección e inclusión social.

Es evidente que todas las entidades del Estado tienen el deber de atender a la población desplazada según sus competencias. Y cuando todavía no existe claridad sobre las funciones de las instituciones públicas, la autoridad nacional es quien debe esclarecer los criterios mínimos que han de guiar a los entes competentes. A nivel local, el rol de los gobiernos municipales es esencial para asegurar el acceso de la población y una efectiva implementación de los mecanismos de respuesta. Para orientar la respuesta a nivel local, la CIPPDV formuló los siguientes principios:

  1. Responsabilidad
  2. Claridad en los roles y competencias
  3. Subsidiariedad
  4. Complementariedad
  5. Priorización
  6. Fortalecimiento de las capacidades municipales
  7. Institucionalización
  8. Cooperación horizontal
  9. Uso adecuado de la capacidad instalada
  10. Clarificación de la responsabilidad dentro de la institución
  11. Enfoque diferenciado
  12. Equidad
  13. Participación
  14. Información estratégica
  15. Promoción de alianzas
Construcción de una ley para prevenir, atender y proteger a las personas desplazadas internamente

Por invitación del Gobierno de Honduras en noviembre del 2015, el Relator Especial de la Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Chaloka Beyani, visitó el país y sostuvo reuniones con diferentes sectores de la ciudadanía hondureña relacionados con la problemática. Sobre la base de lo que pudo constatar en esa visita, emitió un informe con recomendaciones que fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2016. Dentro de esas recomendaciones se encuentra la construcción e incorporación de medidas jurídicas, políticas e institucionales sobre el desplazamiento a causa de la violencia en la legislación nacional, puesto que un marco legal en la materia permitiría abordar de forma integral el problema, sus causas e impacto, así como el reconocimiento de los derechos y las necesidades de protección de las personas desplazadas. En esta visita el gobierno de Honduras se comprometió a impulsar la elaboración de una ley.

De igual manera, han sido varios los mecanismos regionales y universales de derechos humanos que han recomendado a Honduras la adopción de un marco legal para la atención de población desplazada, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Situación de Derechos Humanos en Honduras de 2015, donde insta al Estado de Honduras a “adoptar legislación específica a nivel nacional para abordar el desplazamiento interno, de conformidad con los Principios Rectores del Desplazamiento Interno”. Así también, la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe anual 2016, recomienda aprobar una política o una ley nacional que sea conforme con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, bajo la coordinación de la CIPPDV.

En 2016, la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización -como ente coordinador de la CIPPDV- inició la formulación del proyecto de ley con la Comisión Jurídica Nacional. Además, se hicieron dos talleres en el que participaron 26 instituciones públicas y organizaciones de sociedad civil, y que contó con la asistencia técnica de la Relatoría de Migraciones de la Organización de Estados Americanos, y el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Como resultado, se incorporaron valiosos insumos que contribuyeron a la formulación del proyecto.

Con ello, a partir de 2017 la SDHJGD inició la construcción del proyecto a partir del análisis de los insumos recopilados en los talleres, de los instrumentos y estándares internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario sobre desplazamiento y de las recomendaciones internacionales en materia. Además, el borrador fue presentado en diversos espacios de trabajo de la CIPPDV con gobiernos locales, instituciones del nivel central y organizaciones de sociedad civil, permitiendo así hacer ajustes e incorporar comentarios. La SDHJGD finalizó el proyecto de Ley para la prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente en agosto de 2017 y lo presentó ante la Secretaría de Coordinación General de Gobierno para iniciar el proceso formal.

En 2018, se realizarán socializaciones, consultas a la población y acciones de incidencia a fin de que éste sea presentado ante el Congreso Nacional como iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos.

 

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