Hablar de derechos humanos es hablar de la libertad que deben tener todas las personas, sin distinción alguna, de vivir en condiciones de seguridad y dignidad. Pero cuando nos enfrentamos a situaciones que atentan contra esa libertad, al hablar de derechos humanos debemos hacer el énfasis en el derecho de las personas a igual protección ante la ley, del cual el Estado es el garante. Esto constituye un llamado al Estado para hacer efectiva la responsabilidad de responder y garantizar esa protección. La violación de los derechos humanos es una de las causas de los desplazamientos forzados, y que por lo tanto la salvaguardia de los mismos es un elemento integral tanto para la protección de las personas y comunidades afectadas, de quienes han sido desplazadas y quienes están en riesgo de serlo, como para la búsqueda de soluciones duraderas.

El concepto de responsabilidad nacional es un componente esencial de toda respuesta al desplazamiento interno. Como lo señalan instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, la responsabilidad nacional radica en en evitar que surjan las condiciones que provocan los desplazamientos, proteger a los ciudadanos y a los residentes habituales del país frente al desplazamiento arbitrario, mitigar los efectos negativos del desplazamiento en caso de que se produzca y asegurar la identificación de soluciones duraderas para la población desplazada.

La responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos se materializa a través de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), la cual tiene como objetivo institucionalizar en la gestión estatal una cultura de respeto a los derechos humanos en cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales contraídas. En línea con su mandato, está llamada a integrar y liderar los mecanismos nacionales de respuesta ante las violaciones de derechos humanos vinculadas con el desplazamiento forzado, por lo cual ostenta la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV). La CIPPDV constituye un espacio de discusión y concertación multisectorial que involucra un amplio abanico de agentes tanto estatales como no estatales para construir un marco normativo y operativo congruente con el contexto y las necesidades de la población. En ese sentido, la SEDH, a través de Dirección de Protección de Personas Desplazadas Internamente por Violencia, en el marco de la CIPPDV impulsa y promueve la adopción de medidas para prevenir el desplazamiento interno, atender y proteger a las personas desplazadas y en riesgo, y buscar soluciones duraderas con un enfoque de derechos humanos y en articulación con las demás instancias estatales competentes.

  • Karla Cueva, Secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos
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